El mercado del alquiler de corta estancia en España muestra sus primeros signos de contención. Por primera vez tras varios años de crecimiento constante, la densidad de este tipo de viviendas ha disminuido 0,2 puntos en el último año, pasando de 6,8 a 6,6 inmuebles por kilómetro cuadrado habitado.

Según Carlos Cendra, director de marketing de la consultora de datos Mabrian, el sector está entrando en una nueva fase marcada por las nuevas regulaciones locales, autonómicas y nacionales. Cendra explica que, aunque la disminución media es “modesta”, este dato “refleja el impacto de las normativas implementadas recientemente en las provincias españolas, así como de los recursos destinados por las administraciones para supervisar y regularizar este mercado”.

Un panorama desigual según la provincia

La creación del registro nacional de alquileres de corta duración el pasado julio, junto con la cooperación de plataformas como Airbnb para su aplicación, “ha marcado un punto de inflexión decisivo para las provincias donde la concentración de viviendas vacacionales ha disminuido”, añade Cendra.

La evolución, sin embargo, es desigual según el territorio. El análisis de Mabrian destaca descensos “notables” en la densidad de pisos turísticos en Alicante (-1,2 puntos), Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra. Por el contrario, provincias como Sevilla (+0,5 puntos), Málaga y Girona siguen creciendo. Mientras tanto, otros mercados clave como Madrid y Barcelona se estabilizan, manteniendo una densidad de 16,04 y 13,04 viviendas por kilómetro cuadrado habitado, respectivamente.

La minería de criptomonedas: una nueva estafa silenciosa

Pero los desafíos para los propietarios no solo provienen de la administración. Ha surgido una nueva y lucrativa estafa que aprovecha la infraestructura de los alquileres turísticos para fines ilícitos: la minería de criptomonedas. Usuarios sin escrúpulos instalan potentes ordenadores en los alojamientos para hacerlos funcionar a pleno rendimiento, generando facturas de electricidad desorbitadas de hasta cuatro cifras para los anfitriones.

El minado de bitcoins y otras criptomonedas consiste en utilizar la potencia de cálculo de equipos informáticos para validar transacciones en la red a cambio de una recompensa económica. El problema reside en que este proceso requiere ordenadores de alto rendimiento con un consumo energético masivo. Los estafadores han descubierto que, dado que la mayoría de los alquileres turísticos incluyen los suministros en el precio, la mejor forma de maximizar sus beneficios era dejar que la factura de la luz la pagara un tercero.

Facturas desorbitadas y pérdidas para los anfitriones

Los casos, aunque no mayoritarios, son cada vez más visibles. Ya en 2022, una anfitriona británica alertó en un foro de Airbnb sobre este riesgo, que ha crecido con la miniaturización de los equipos, que ahora permiten instalar varias máquinas fácilmente. Recientemente, un anfitrión estadounidense denunció haber recibido una factura de 2.200 euros (2.600 dólares) por una estancia de solo 15 días, atribuida a la carga de un Tesla y a la minería de criptomonedas, sin que el seguro de la plataforma cubriera el coste.

En otro caso documentado, una propietaria descubrió a través de sus cámaras de videovigilancia exteriores cómo sus inquilinos introducían una decena de ordenadores en la vivienda. El resultado fue una factura de más de 1.300 euros de electricidad en tres semanas a cargo de la anfitriona, mientras que los supuestos “turistas” habrían ganado casi 85.000 euros en bitcoins durante ese tiempo.

¿Cómo pueden protegerse los propietarios?

Ante esta nueva amenaza, surgen dudas sobre las medidas de protección. Algunos propietarios han optado por incluir una cláusula específica sobre “minería de criptomonedas” en sus contratos. Sin embargo, para el abogado Xavier Demeuzoy, especializado en alquileres turísticos, estos casos son “rarísimos” y no lo suficientemente frecuentes como para cambiar el comportamiento general de un arrendador.

No obstante, sugiere una medida práctica para estancias superiores a ocho días: “en el momento de la entrega de llaves, el propietario puede fotografiar el contador eléctrico junto al cliente y entregarle una copia. En caso de una anomalía en el consumo, esta prueba será fundamental”.